- immigration expertise
- policy analysis
- extensive facts and figures
Brazaletes del ICE... 'criminalizan'
Constanza Morales
Diario La Estrella
June 22, 2007
DALLAS -- Estar presa o ser 'marcada' ante los ojos de la sociedad por haber ingresado al país sin
documentos legales, equivale a vivir lo mismo para la hondureña Andrea Aguilar.
La madre de 29 años y quien pidió cambiar su nombre, relató que cuando fue detenida por agentes de la
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) hace una semana, temió que le pusieran un "grillete como si fuera una
delincuente... una maldita".
Aguilar trabajaba en el taller de reparación de relojes y otros artículos de Fossil Inc. al noroeste de Dallas y
estuvo entre las 31 mujeres detenidas tras no poder justificar su estancia legal en el país ante agentes del ICE.
La posibilidad de que Rodrigo, su hijo de 18 meses se quedara sin cuidado, sirvió para que Aguilar fuera
liberada por "razones humanitarias", pero, de haberse aplicado el trato que agentes del ICE dieron a otro grupo
de mujeres detenidas una semana antes en Portland, Oregon, la hondureña estaría obligada a portar un
brazalete electrónico que garantiza que no se va a escapar.
De acuerdo con Siovhan Sheridan-Ayala, directora de servicios legales de Caridades Católicas de Oregon, 30
madres solteras que fueron arrestadas en la planta de Del Monte, salieron libres el 12 de junio portando un
brazalete.
"Cuando uno está en una situación de 'shock' emocional, como cuando sucede una redada, no sabe qué
pensar, está confundido y tiene temor. Es muy temprano para darse cuenta el efecto que tendrá llevar un
brazalete electrónico", explicó Sheridan-Ayala.
Estricta vigilancia
El dispositivo de plástico negro se coloca en el tobillo o en la muñeca y se usó por primera vez en extranjeros
indocumentados hace cuatro años en Florida, cuando 110 inmigrantes considerados de buena conducta, lo
recibieron como parte de un programa piloto que buscaba reducir la ocupación en las cárceles y garantizar la
presentación de los inmigrantes ante los jueces.
El brazalete es el corazón del Electronic Monitoring Program (EMP) uno de dos programas usados por el ICE
para ofrecer alternativas distintas al encarcelamiento.
El otro programa es el Intensive Supervision Appearance Program (ISAP) que también usa dispositivos de
monitoreo similares y que en junio de 2004 fue extendido a las ciudades de Baltimore, Filadelfia, Miami, St. Paul,
Denver, Kansas City, San Francisco y Portland.
Actualmente el programa tiene cobertura nacional, pero el ICE ha dicho que aún no existen cifras precisas
sobre su costo ni acerca de sus resultados.
Carl Rusnok, vocero de la oficina del ICE en Dallas dijo que actualmente en Texas sólo cuatro personas portan
los brazaletes, pero no precisó si alguna era un inmigrante en espera de su audiencia con un juez migratorio.
Activistas comunitarios y académicos reconocen la ventaja del brazalete que permite a los inmigrantes regresar
a casa, pero rechazan su uso porque los iguala a los criminales y agresores sexuales, para quienes en
principio fue creado el mecanismo.
"El uso de ese sistema se justifica para personas que representan un peligro para la sociedad, pero personas
que sólo han venido a trabajar, que crían niños, que aportan a la economía, que tienen lazos con la comunidad,
¿son criminales? es inadmisible darles ese trato", dijo Donald Kerwin director de Catholic Legal Immigration
Network (CLINIC).
Luis Figueroa abogado del Fondo México Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF), añadió que el
brazalete "estigmatiza" al inmigrante como criminal.
"Debería haber mejores estándares de selección, apelar a un examen de conducta de esa persona, tener en
cuenta sus lazos familiares y su aporte a la sociedad", dijo Figueroa.
El temor del estigma que puede causar el mecanismo, preocupa a líderes comunitarios como Ángeles Ortega,
directora de la Coalición Latinoamericana de Charlotte, donde diariamente la oficina del alguacil envía a unos 40
inmigrantes con el ICE, a raíz de la puesta en práctica del programa federal 287 (g).
"No es coherente liberar personas apelando a razones humanitarias y usar un mecanismo inhumano", se quejó.
"Es como ponerle un collar de perro a una persona, es darle el trato de un animal", agregó la activista.
El ICE defiende el programa explicando que quienes participan lo hacen voluntariamente y comprometiéndose
con otros requisitos de monitoreo.
Pero esas exigencias, en opinión de Charu Newhouse al-Sahli, directora de Florida Immigrant Advocacy Center,
hacen que la experiencia sea más difícil.
"Tener que reportarse a ciertas horas, contar con una línea de teléfono fijo y no saber si pueden salir de la
casa para ir a la iglesia, son exigencias no consecuentes con la realidad de los inmigrantes", se quejó
Newhouse.
Pero el ICE reclama que los inmigrantes indocumentados que son puestos en libertad en espera de que cumplan
ciertos procedimientos de monitoreo, suelen convertirse en fugitivos.
La decana interina del Dedman College de la Southern Methodist University y experta en inmigración, Caroline
Brettell, dio una solución intermedia.
"Tal vez habría que hacerle entender a los inmigrantes que si los dejan salir y no cumplen con presentarse, la
próxima vez que los capturen serán deportados sin derecho a una audiencia", dijo Brettell.
Pero Enrique Hubbard, cónsul de México en Dallas, cree que de implementarse el sistema del brazalete en el
Metroplex los paisanos lo aceptarían sin incumplir.
"Si el temor es que se vayan, es infundado, porque el inmigrante lo que busca es quedarse y si el brazalete les
permite regresar a casa y prepararse para ver al juez es una ganancia", dijo.
Su homólogo, el cónsul de El Salvador en Dallas, Mario Roger Hernández, advirtió que aunque no conoce el
programa a profundidad, está a favor de métodos "más dignos" para tratar al inmigrante.
Víctor Cerda, director temporal de la Oficina de Detención y Remoción (DRO) del ICE, justificó el programa en
2004 al argumentar que poco más del 40 por ciento de los inmigrantes que tienen una cita con la justicia nunca
se presentan ante el juez y que cuatro de cada cinco personas que tienen una orden de deportación final
desaparecen.
Al mismo tiempo un estudio encargado en 2000 al Vera Institute of Justice, recomendó intensificar la
supervisión después de liberar a trabajadores indocumentados.
El estudio fue claro en precisar que esa supervisión costaría alrededor de 6,325 dólares por individuo y dijo que
podría reducirse a 4,529 dólares, si el ICE agilizaba los juicios de deportación.
Pero Ángeles Ortega reclama que en lugar de 1 semana como debería ser, los procesos de deportación toman
hasta 4, pues dice que el sistema de cárceles lucra de los fondos federales que recibe por cada detenido.
A la larga espera se suman además los atropellos que sufren los inmigrantes en las cárceles al ser mezclados
con criminales, de acuerdo con Ana Yáñez-Correa, directora de la Texas Criminal Justice Coalition.
"No estoy de acuerdo en el uso del brazalete en personas que no cometieron faltas criminales, pero si tuviera
que escoger entre ir a la cárcel y portar uno de esos, elegiría el brazalete", dijo Yáñez-Correa.
Charu Newhouse al-Sahli del Florida Immigrant Advocacy Center puntualizó que el reclamo de los activistas no
tiene que ver con que existan otros métodos alternativos al encarcelamiento.
"Se trata de buscarlos pero de una manera menos restrictiva y más humana, porque estamos tratando con
seres humanos", concluyó.
Con información del reportero Luis Ángel Galván.
MONITOREO DE INMIGRANTES
El programa Intensive Supervision Appearance Program (ISAP) utiliza la tecnología de rastreo para asegurar
que los inmigrantes cumplan con reportarse ante las autoridades y con la orden final impartida por el juez. Los
criterios que aplica el ICE para entregar un brazalete electrónico son:
Adultos con identidad comprobada
En espera de juicios migratorios o una orden de deportación del país
Que residan en el área donde el programa funciona
Que accedan participar voluntariamente
Que cumplan con otras condiciones como presentarse periódicamente ante las autoridades, hacer llamadas
telefónicas, estar
12 horas (puede variar) en casa y no quitarse el brazalete.
Quienes no cumplan con estos requisitos adicionales pueden ir a prisión o recibir supervisión más estricta.
Constanza Morales
Diario La Estrella
June 22, 2007
DALLAS -- Estar presa o ser 'marcada' ante los ojos de la sociedad por haber ingresado al país sin
documentos legales, equivale a vivir lo mismo para la hondureña Andrea Aguilar.
La madre de 29 años y quien pidió cambiar su nombre, relató que cuando fue detenida por agentes de la
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) hace una semana, temió que le pusieran un "grillete como si fuera una
delincuente... una maldita".
Aguilar trabajaba en el taller de reparación de relojes y otros artículos de Fossil Inc. al noroeste de Dallas y
estuvo entre las 31 mujeres detenidas tras no poder justificar su estancia legal en el país ante agentes del ICE.
La posibilidad de que Rodrigo, su hijo de 18 meses se quedara sin cuidado, sirvió para que Aguilar fuera
liberada por "razones humanitarias", pero, de haberse aplicado el trato que agentes del ICE dieron a otro grupo
de mujeres detenidas una semana antes en Portland, Oregon, la hondureña estaría obligada a portar un
brazalete electrónico que garantiza que no se va a escapar.
De acuerdo con Siovhan Sheridan-Ayala, directora de servicios legales de Caridades Católicas de Oregon, 30
madres solteras que fueron arrestadas en la planta de Del Monte, salieron libres el 12 de junio portando un
brazalete.
"Cuando uno está en una situación de 'shock' emocional, como cuando sucede una redada, no sabe qué
pensar, está confundido y tiene temor. Es muy temprano para darse cuenta el efecto que tendrá llevar un
brazalete electrónico", explicó Sheridan-Ayala.
Estricta vigilancia
El dispositivo de plástico negro se coloca en el tobillo o en la muñeca y se usó por primera vez en extranjeros
indocumentados hace cuatro años en Florida, cuando 110 inmigrantes considerados de buena conducta, lo
recibieron como parte de un programa piloto que buscaba reducir la ocupación en las cárceles y garantizar la
presentación de los inmigrantes ante los jueces.
El brazalete es el corazón del Electronic Monitoring Program (EMP) uno de dos programas usados por el ICE
para ofrecer alternativas distintas al encarcelamiento.
El otro programa es el Intensive Supervision Appearance Program (ISAP) que también usa dispositivos de
monitoreo similares y que en junio de 2004 fue extendido a las ciudades de Baltimore, Filadelfia, Miami, St. Paul,
Denver, Kansas City, San Francisco y Portland.
Actualmente el programa tiene cobertura nacional, pero el ICE ha dicho que aún no existen cifras precisas
sobre su costo ni acerca de sus resultados.
Carl Rusnok, vocero de la oficina del ICE en Dallas dijo que actualmente en Texas sólo cuatro personas portan
los brazaletes, pero no precisó si alguna era un inmigrante en espera de su audiencia con un juez migratorio.
Activistas comunitarios y académicos reconocen la ventaja del brazalete que permite a los inmigrantes regresar
a casa, pero rechazan su uso porque los iguala a los criminales y agresores sexuales, para quienes en
principio fue creado el mecanismo.
"El uso de ese sistema se justifica para personas que representan un peligro para la sociedad, pero personas
que sólo han venido a trabajar, que crían niños, que aportan a la economía, que tienen lazos con la comunidad,
¿son criminales? es inadmisible darles ese trato", dijo Donald Kerwin director de Catholic Legal Immigration
Network (CLINIC).
Luis Figueroa abogado del Fondo México Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF), añadió que el
brazalete "estigmatiza" al inmigrante como criminal.
"Debería haber mejores estándares de selección, apelar a un examen de conducta de esa persona, tener en
cuenta sus lazos familiares y su aporte a la sociedad", dijo Figueroa.
El temor del estigma que puede causar el mecanismo, preocupa a líderes comunitarios como Ángeles Ortega,
directora de la Coalición Latinoamericana de Charlotte, donde diariamente la oficina del alguacil envía a unos 40
inmigrantes con el ICE, a raíz de la puesta en práctica del programa federal 287 (g).
"No es coherente liberar personas apelando a razones humanitarias y usar un mecanismo inhumano", se quejó.
"Es como ponerle un collar de perro a una persona, es darle el trato de un animal", agregó la activista.
El ICE defiende el programa explicando que quienes participan lo hacen voluntariamente y comprometiéndose
con otros requisitos de monitoreo.
Pero esas exigencias, en opinión de Charu Newhouse al-Sahli, directora de Florida Immigrant Advocacy Center,
hacen que la experiencia sea más difícil.
"Tener que reportarse a ciertas horas, contar con una línea de teléfono fijo y no saber si pueden salir de la
casa para ir a la iglesia, son exigencias no consecuentes con la realidad de los inmigrantes", se quejó
Newhouse.
Pero el ICE reclama que los inmigrantes indocumentados que son puestos en libertad en espera de que cumplan
ciertos procedimientos de monitoreo, suelen convertirse en fugitivos.
La decana interina del Dedman College de la Southern Methodist University y experta en inmigración, Caroline
Brettell, dio una solución intermedia.
"Tal vez habría que hacerle entender a los inmigrantes que si los dejan salir y no cumplen con presentarse, la
próxima vez que los capturen serán deportados sin derecho a una audiencia", dijo Brettell.
Pero Enrique Hubbard, cónsul de México en Dallas, cree que de implementarse el sistema del brazalete en el
Metroplex los paisanos lo aceptarían sin incumplir.
"Si el temor es que se vayan, es infundado, porque el inmigrante lo que busca es quedarse y si el brazalete les
permite regresar a casa y prepararse para ver al juez es una ganancia", dijo.
Su homólogo, el cónsul de El Salvador en Dallas, Mario Roger Hernández, advirtió que aunque no conoce el
programa a profundidad, está a favor de métodos "más dignos" para tratar al inmigrante.
Víctor Cerda, director temporal de la Oficina de Detención y Remoción (DRO) del ICE, justificó el programa en
2004 al argumentar que poco más del 40 por ciento de los inmigrantes que tienen una cita con la justicia nunca
se presentan ante el juez y que cuatro de cada cinco personas que tienen una orden de deportación final
desaparecen.
Al mismo tiempo un estudio encargado en 2000 al Vera Institute of Justice, recomendó intensificar la
supervisión después de liberar a trabajadores indocumentados.
El estudio fue claro en precisar que esa supervisión costaría alrededor de 6,325 dólares por individuo y dijo que
podría reducirse a 4,529 dólares, si el ICE agilizaba los juicios de deportación.
Pero Ángeles Ortega reclama que en lugar de 1 semana como debería ser, los procesos de deportación toman
hasta 4, pues dice que el sistema de cárceles lucra de los fondos federales que recibe por cada detenido.
A la larga espera se suman además los atropellos que sufren los inmigrantes en las cárceles al ser mezclados
con criminales, de acuerdo con Ana Yáñez-Correa, directora de la Texas Criminal Justice Coalition.
"No estoy de acuerdo en el uso del brazalete en personas que no cometieron faltas criminales, pero si tuviera
que escoger entre ir a la cárcel y portar uno de esos, elegiría el brazalete", dijo Yáñez-Correa.
Charu Newhouse al-Sahli del Florida Immigrant Advocacy Center puntualizó que el reclamo de los activistas no
tiene que ver con que existan otros métodos alternativos al encarcelamiento.
"Se trata de buscarlos pero de una manera menos restrictiva y más humana, porque estamos tratando con
seres humanos", concluyó.
Con información del reportero Luis Ángel Galván.
MONITOREO DE INMIGRANTES
El programa Intensive Supervision Appearance Program (ISAP) utiliza la tecnología de rastreo para asegurar
que los inmigrantes cumplan con reportarse ante las autoridades y con la orden final impartida por el juez. Los
criterios que aplica el ICE para entregar un brazalete electrónico son:
Adultos con identidad comprobada
En espera de juicios migratorios o una orden de deportación del país
Que residan en el área donde el programa funciona
Que accedan participar voluntariamente
Que cumplan con otras condiciones como presentarse periódicamente ante las autoridades, hacer llamadas
telefónicas, estar
12 horas (puede variar) en casa y no quitarse el brazalete.
Quienes no cumplan con estos requisitos adicionales pueden ir a prisión o recibir supervisión más estricta.
415 Michigan Ave., NE
Suite 150
Washington, DC 20017
202.635.2556
202.635.2649 fax
media inquiries:
e-mail me
(202) 635-5810
Suite 150
Washington, DC 20017
202.635.2556
202.635.2649 fax
media inquiries:
e-mail me
(202) 635-5810
media inquiries: Melissa Williams
Media Relations Coordinator
(202) 635-5810
Media Relations Coordinator
(202) 635-5810
NATIONAL PROGRAMS | LEGALIZATION | ADVOCACY | RELIGIOUS IMMIGRATION SERVICES | ADMINISTRATION & DEVELOPMENT | TRAINING & TECHNICAL SUPPORT
HOME | CONTACT US | E-MAIL LIST | DONATE NOW
